SAN JUAN – La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSAF) anunció hoy los términos de un acuerdo de reestructuración de deuda con ciertos tenedores de bono, un gran avance para lograr un Plan de Ajuste para resolver $35,000 millones en reclamaciones relacionadas y no relacionadas con la deuda.
Los términos del acuerdo reflejan las negociaciones con los acreedores incluidos en el acuerdo de reestructuración que la Junta de Supervisión había alcanzado el año pasado, producto de meses de mediaciones supervisadas por los tribunales y luego del análisis del efecto acumulativo de la pandemia de COVID-19, la recesión en curso, y una serie de desastres naturales que han azotado a Puerto Rico y su economía en los últimos años.
El nuevo acuerdo con bonistas de Obligación General (OG) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), en resumen:
- Reduce $18,800 millones de la deuda del Estado Libre Asociado en poder de los tenedores de bono de GO y AEP en un 61%, a $7,400 millones.
- Reduce el total de pagos del servicio de la deuda en un 62%, de $90,400 millones en el marco de los acuerdos de deuda contractual originales previos a PROMESA a $34,100 millones bajo el nuevo acuerdo (incluidos el principal y los intereses de los bonos de COFINA).
- Provee a los bonistas de OG y AEP $7,400 millones en bonos y $7,000 millones en efectivo.
- Incluye un Instrumento de Valoración Contingente (CVI, por sus siglas en inglés) que brinda un valor incremental a los bonistas de OG y AEP, sólo si la economía de Puerto Rico se crece más de lo proyectado en el Plan Fiscal Certificado para Puerto Rico en 2020.
“Logramos un acuerdo justo, sostenible y consensuado que pone a Puerto Rico en un camino hacia la recuperación y es una herramienta importante para levantar el peso de la bancarrota de las personas y los negocios de Puerto Rico”, dijo el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel.
El funcionario afirmó creer que éste fue el mejor acuerdo que se podía alcanzar, para beneficiar a ambas partes, considerando la incertidumbre económica actual, así como el interés de los acreedores de la solvencia económica futura de la Isla.
El presidente de la Junta de Supervisión agregó que “este nuevo acuerdo coloca a Puerto Rico en una posición fiscal significativamente mejor cuando se compara con los términos que pudimos negociar previo a la grave pandemia, y cuando se compara con otros estados de la Nación con altos niveles de deuda”.
El Plan de Ajuste que se presentará el mes próximo está basado en este acuerdo, junto con acuerdos ya alcanzados con el Comité Oficial de Retirados (COR) y con ciertos sindicatos. De acuerdo con el ente fiscalizador, este plan garantizará que Puerto Rico resuelva de una vez y por todas la insolvencia, que es el objetivo que se fijaron.
De igual modo, el abogado experto en quiebras apuntó que “alcanzamos el acuerdo presentado hoy, gracias a los esfuerzos en buena fe de todas las partes y el liderazgo de nuestra mediadora. Quisiera agradecer a las juezas Barbara Houser y Roberta Colton, así como a su equipo de mediación por su destacado y vital desempeño en este proceso”.
El acuerdo reduce los pagos máximos anuales del servicio de la deuda a $1,150 millones para bonos de interés actual, en comparación con los pagos de hasta $4,200 millones sin la reestructuración. El servicio de la deuda anual en el acuerdo previo a la pandemia fue de unos $1,500 millones, mientras que el nuevo acuerdo liberaría más de $300 millones adicionales al año para los servicios que ofrece el gobierno. Es decir, los pagos anuales suman a $34,100 millones a lo largo de la vida de la deuda bajo el nuevo acuerdo, una reducción de 62% en comparación a los $90,400 millones que Puerto Rico tendría que pagar bajo los acuerdos de deuda contractual originales previo a PROMESA.
Sin PROMESA, 30 centavos de cada dólar de los impuestos y honorarios que el gobierno cobra al pueblo de Puerto Rico irían a los acreedores. Este nuevo acuerdo reduce aún más los pagos anuales a menos de 8 centavos de cada dólar de lo que el gobierno recauda.
“La reducción en los pagos anuales correspondientes al servicio de la deuda es un logro significativo en el camino hacia recuperación de Puerto Rico”, dijo la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalie Jaresko. “Junto con la política de deuda legislada el año pasado, que restringe la emisión de deuda incremental para evitar los errores del pasado”.
De igual modo, en el nuevo acuerdo, la consideración de efectivo/deuda a los bonistas provee una reducción promedio del 27% para los tenedores de bonos de OG y una reducción promedio del 21% para los tenedores de bonos de AEP, además de reducir sus reclamos por el equivalente a muchos años de pagos de intereses.
La mediación continúa con los tenedores de bonos del Sistema de Retiro de Empleados, reclamos generales no asegurados, las aseguradoras de bonos (monolines) con reclamos de recuperación, y los acreedores que tienen otras reclamaciones contra el Gobierno de Puerto Rico.
Pierluisi apoya el acuerdo, sin afectar pensiones
Por su parte, el Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi reaccionó positivamente al acuerdo. “Los términos económicos del acuerdo anunciado por la JSAF y el Grupo de Acreedores son positivos para Puerto Rico. Más aún, estoy convencido de que el acuerdo es sostenible y podrá ser cumplido sin poner en riesgo los servicios esenciales del gobierno”, puntualizó el Primer Ejecutivo en declaraciones escritas.
“El acuerdo, por ejemplo, representa una reducción en la deuda total de Puerto Rico de casi 80% y reduce el servicio total a la deuda en aproximadamente 62%. En comparación con el Plan de Ajuste propuesto por la JSF en febrero de 2020, se reduce enormemente la cantidad de deuda garantizada y sustituye la totalidad de la deuda del Gobierno central con bonos de obligación general no garantizados e instrumentos de valor contingente exclusivamente”, añadió.
Pierluisi explicó que finalizar este proceso de reestructuración de la deuda de la Isla es un asunto prioritario en su administración y que es necesario dejar atrás la quiebra del gobierno para poder dar paso a le recuperación y desarrollo económico de Puerto Rico.
De igual forma, recordó que no se debe afectar aún más a nuestros pensionados. “Durante los últimos meses, el Gobierno, a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (“AAFAF”), ha participado del proceso de mediación que permitió el PSA anunciado hoy por la JSFA. Durante este proceso, el Gobierno fue enfático en que cualquier PSA a ser implementado mediante un Plan de Ajuste que incluya un recorte a las pensiones de los servidores públicos no contará con nuestro apoyo. Lamentablemente, la JSF aún no ha abandonado los recortes de pensiones incluidos en el Plan de Ajuste de febrero del 2020. Por lo tanto, el Gobierno de Puerto Rico le ha comunicado a la JSF y al Grupo de Acreedores que no será parte del PSA anunciado hoy”, concluyó el Mandatario.