ATIENDEN MEDIDA PARA AUTORIZAR A FAMILIARES A LA DONACIÓN DE CUERPOS ESTUDIOS CLÍNICOS O TRANSPLANTES

EL CAPITOLIO – La Comisión de Salud, presidida por la representante Sol Higgins Cuadrado, realizó una vista pública sobre el Proyecto del Senado 842 para enmendar la “Ley de Donaciones Anatómicas de Puerto Rico” a los fines de agilizar el proceso para autorizar la donación del cuerpo o parte del cuerpo de un finado por sus familiares.

La exposición de motivos de la medida resalta que la ley antes mencionada se promulgó con el fin de autorizar y reglamentar la donación y disposición de cadáveres, para fines educativos y de investigación en áreas relacionadas a la salud y la donación de órganos y tejidos provenientes de cadáveres y de personas vivas a utilizarse para trasplantes clínicos.

“Esta ley se ha enmendado para atender asuntos relacionados con su implementación. Actualmente, existe la necesidad de enmendar este estatuto para definir más claramente los criterios utilizados para mantener a un donante como miembro activo en el Registro de Donantes y para atender lo relacionado a las categorías de las personas autorizadas a donar a nombre de un finado”, reza la medida.

De igual manera, la medida establece que, para agilizar el proceso, es meritorio que la licencia de conducir refleje la determinación del individuo de ser donante. De esta manera, se conocerá el registro de la persona como donante.

La catedrática del Departamento de Anatomía y Neurobiología del Recinto de Ciencias Médicas, Nivia Pérez recomendó varias enmiendas para que sean evaluadas por los miembros de la Comisión cameral.

Pérez explicó que “en el caso de las definiciones expuestas en la medida, es de prioridad que estas no se desvíen de lo recomendado, ya que el fin de uniformar estas leyes es precisamente hacer más eficientes las donaciones y evitar retrasos al tener que dilucidar diferencias de criterios a seguir”.

La también presidenta de la Junta de Donaciones Anatómicas recalcó que la definición “Agente del finado” mencionado en el proyecto de ley puede traer conflictos de interés.

“Esta definición pasa a tener la primera prioridad a la hora de tomar decisiones sobre el cuerpo, órganos y tejidos del difunto, por encima de los familiares. Es esencial evitar que surjan situaciones de conflicto de interés donde, por ejemplo, una entidad interesada en que se le donen cuerpos u órganos nombre a alguien afín a sus intereses a servir”, apuntó Pérez.

De igual forma, la directora ejecutiva de Lifelink Puerto Rico, Guillermina Sánchez avaló la pieza legislativa, sin embargo, recomendó que se añada que “la persona llamada a prestar su autorización no estuviese físicamente disponible, tal persona podrá otorgar su autorización, vía telefonía o videoconferencia. Esta autorización podría ser grabada con el consentimiento de la persona autorizante”.

“Sin duda, esta medida beneficiará el programa de recuperación de órganos y trasplante, pero es prioridad realizar cambios para el provecho de las personas”, indicó Guillermina Sánchez.

Por otro lado, la directora de la Directoría de Servicios al Conductor del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Mary Fuster, explicó que la licencia de conducir se renueva cada ocho años, “por lo tanto la persona decide si desea ser donante o no. Es la voluntad del ser humano”.

Por su parte, la asesora legal del Instituto de Ciencias Forenses planteó que la agencia gubernamental no contempla a una entidad dirigida a la recuperación de órganos o tejidos para donación.

“Nuestros patólogos forenses, bajo ninguna circunstancia, dentro de las facilidades del Instituto, recuperan órganos o tejidos para donación de los cuerpos a los cuales se le realiza autopsia. Tampoco contamos con los recursos, ni equipo necesario para cumplir con tan delicada labor”, sostuvo la licenciada Lishayra Sánchez.

Al concluir, la representante Higgins Cuadrado recalcó que la Comisión cameral seguirá trabajando con asuntos importantes de salud pública para Puerto Rico, y evaluará todas las recomendaciones que beneficio al proyecto de ley, con el fin de buscar las alternativas correctas para los pacientes que están en espera de un trasplante para salvar sus vidas.